No hay que estar muy despierto para comprender que la justicia en el Estado español no ha evolucionado, y por lo tanto, representa un problema. Situación ésta que se arrastra desde la etapa de la “transición”. Allí asistimos a que los jueces un día se acostaron fascistas y se levantaran “demócratas” sin mediar ningún milagro.
Jueces que al igual que el rey colocado por el dictador, no juraron la constitución. Curiosamente en sus funciones tenían que defenderla. Jueces que casi en su totalidad, en el golpe militar de 1936 se posicionaron con los golpistas. Añadir a todos aquellos nombrados en la dictadura, ungidos ya de la Una, Grande y Libre. Jueces significativos que en la transición formaron parte del Tribunal Supremo y demás órganos del poder judicial.
Aquello del “todo atado y bien atado” ha quedado establecido bajo el paraguas de la elección de los jueces. Un circuito clasista (porque solo pueden acceder aquellos con posibles), favoritista (por pertenencia) y exclusivamente memorístico (tratados como pepitos grillos recitadores). Sistema formativo creado en 1944 que en lo esencial se mantiene hoy. No hay baremos sobre las cualidades de los aspirantes a juez, ni otras formas de años de prácticas formándose para conocer a fondo la magistratura.
Un sistema cuyo circuito para ascender pasa por la pertenencia, el amiguismo y las conexiones. La fuerza de las asociaciones judiciales así nos lo indican. La Asociación Profesional de la Magistratura es claramente hegemónica con fuertes componentes de sectarismo religioso, lógicamente reaccionaria y conservadora. Dentro de ese conservadurismo menos icónico, está la asociación Francisco de Vitoria, pero claramente minoritaria. Y queda la Asociación de Jueces para la Democracia, que en la actualidad está en camino de ser testimonial. Podemos decir pues, que a nivel judicial el “atado” en la transición sigue siendo una realidad.
Es significativo los jueces que se mueven en las redes sociales expresando opiniones, política e insultos a políticos de izquierdas y todo lo que se mueva en el progresismo. Los mensajes xenófobos, racistas y contra las mujeres están ahí.
Jueces que condenan y no aceptan el derecho a la crítica y la disidencia, lo que supone una vulneración de derechos ciudadanos. Así lo constata el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Asistimos a la alarma que viene generando el hecho de decenas de resoluciones del TEDH, en contra de sentencias de la justicia española. Entre ellas las muy preocupantes, como las referentes a la libertad de expresión, la tortura y otras no menores.
Sentencias como las impuestas a los 6 antifascistas de Zaragoza y a los 6 anarcosindicalistas de “La Suiza” en Gijón, que generan alarma y presión a todo lo que se mueve en la izquierda. Aquí la palabra de la policía, al igual que en la dictadura, es la única que cuenta. Por tanto es difícil creer que jueces con esos pensamientos y principios ideológicos, puedan ser imparciales en la aplicación de las leyes a determinados grupos sociales que no están en su mundo.
Si hacemos caso al expresidente del Consejo del Poder Judicial que soltó aquello de que “en este país solo van a la cárcel los robagallinas”, nos indica como poco la existencia de una justicia clasista. Siguiendo este hilo y como hipótesis, es difícil entender su incorruptibilidad, más en estos territorios con larga tradición histórica de pillos, celestinas, chanchullos, pillajes, corrupciones, mordidas, caciquismos y demás. Sobre todo teniendo en cuenta que en sus salas se mueven los temas de poder, dinero, influencias, empatías y pertenencias ideológicas. Para ello basta constatar la nimiedad de jueces apartados desde la transición hasta aquí.
Especial apartado supone la generalización del concepto “lawfare”. Término elaborado y desarrollado por el general yanqui Dunlap. ¿Cómo no? Que le da una aplicación favorable a la tendencia imperialista de EE.UU. Ello como una forma de intervención frente a gobiernos no afines, recurriendo a operaciones judiciales y eliminando así las acciones armadas. Objetivo, conseguir que los tribunales de esos países se adapten a los intereses Norteamericanos. Todo empieza con la campaña mediática, los jueces harán el resto. América Latina es todo un ejemplo. Ahí están los casos de Lula da Silva, Dilma Rousseff, Cristina Kivchner, Rafael Correa, Evo Morales, Fernando Lugo… Todos ellos apartados del poder por acusaciones que luego se demostraron falsas.
Aquí, en su patria de la rojigualda como hipótesis, el lawfare autóctono de los intereses oligárquicos no se hizo esperar. Empieza lo mediático y le sigue lo judicial, la resolución se dilata en el tiempo y cuando el daño está hecho, se absuelve. Pongamos que hablamos de Podemos, Ada Colau, Monica Oltra, Alberto Rodriguez, Victoria Rossel, Mercasevilla. Ahora la “caza mayor” se ha abierto contra Pedro Sanchez. No importa que la socialdemocracia, sea el colchón social de los ricos. Necesitan, como buenos depredadores, más acumulación, mas cierres en nombre de la libertad y ser ellos la imagen narcisista del Poder.
Y así hemos llegado hasta aquí, con un poder judicial camino de constituirse en un poder dentro del Estado, absolutamente descontrolado y en contradicción con la idea de la democracia cuando ésta reside en el poder del pueblo. Un poder judicial clasista, inmovilista, reaccionario y patriarcal, que interviene y es beligerante en lo político, cuestionando y actuando contra el ejecutivo y el legislativo que no defienda su visión del Estado con sus valores. El todo vale es su reflejo.
Aquel eslogan de “le llaman democracia y no lo es” no dejó de existir porque electos críticos formasen parte del “status quo” y se obnubilaran. Hace tiempo que la democracia fue sustituida por su foto y hoy es ya la fotocopia de la fotocopia de la foto. Un jodido simulacro.
L@s Nuestr@s, L@s Libres.
Octavilla para imprimir: Libelo – Jueces – Yo tampoco me los creo
